Ical / Valladolid
La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, urgió hoy la convocatoria del grupo de trabajo que evalúa el coste efectivo para la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma. Según subrayó Del Olmo, este grupo no se ha reunido ni una sola vez y es fundamental para evaluar el coste real del traspaso.
De producirse esta reunión, dijo, se podría ver dónde están las carencias, dado que existe un déficit de cuatro millones de euros, sino tener en cuenta los costes salariales. En cuanto a la cifra total para la transferencia que vería bien la Junta, no se atrevió a determinarla puesto que es “muy difícil” porque cuenta con muchas carencias.
En este sentido, la consejera de Hacienda calificó de “totalmente insuficiente” la cifra aportada ayer por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de 119 millones de euros. Lo que quiere el Ejecutivo, a su juicio, es “quitarse de encima la Justicia porque está inmerso un plan de austeridad y la Justicia requiere muchas inversiones”, remarcó Del Olmo, para añadir que la Junta “no va a asumir las competencias si no puede hacerlo con calidad”.
Según recordó Pilar del Olmo, Castilla-La Mancha también se ha opuesto a la transferencia en estos términos, al tiempo que criticó que en Castilla y León no se haya puesto en marcha la oficina judicial, que por otra parte no se sabe cuánto va a costar, y que se trata de una “obligación real” para asumir las competencias.
Además, denunció que el Gobierno de Castilla y León tampoco conoce algo “tan importante” como los acuerdos sindicales fruto de la huelga del año 2008, ni lo que va a costar esa paralización. Respecto al campus de la Justicia de Valladolid recordó que solo existe una partida de 30.000 euros cuando su coste puede llegar hasta los 20 millones de euros, ni tampoco se conoce el estado del de Segovia donde, recordó, la Junta cedió un solar al Ministerio para su ubicación.
A ello hay que sumar, según Del Olmo, la “escasez de medios” y en la inversión en informática. “Hay un plan de modernización que se anunció y va lento” lo que hace que no haya interconexión entre los juzgados.
