Gersul: ¿callejón sin salida?

Un camión se dispone a bascular basura en lo más alto del vaso de residuos del CTR de San Román de la Vega. MAURICIO PEÑA

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• Lo que no pueden ver los leoneses del CTR

Manuel C. Cachafeiro / León
El pasado 15 de junio, el Boletín Oficial de la Provincial publicó un demoledor informe donde se reconocían todos y cada uno de los problemas del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Ni se alcanzan los objetivos de reciclaje, ni se recauda la tasa por el nuevo servicio a todos los ciudadanos y empresas de la provincia, ni se han cumplido contraprestaciones que ayudarían a mejorar su gestión, como la generación de energía eléctrica aprovechando la quema ecológica de basura, o los ingresos por venta de materiales reciclados como cartón, hierros o compost para abono.
El potencial económico de la provincia de León, basado en el respeto a su medio ambiente, vuelve a tener a la basura como una de sus grandes preocupaciones, pero esta vez no por falta de modernas instalaciones para su reciclaje y almacenamiento sino por una pésima gestión donde nadie quiere aparecer como culpable.
El CTR de San Román de la Vega fue inaugurado el 10 de septiembre de 2004 por los presidentes de la Junta y la Diputación, Juan Vicente Herrera y Javier García Prieto respectivamente, y la plana mayor del PP, PSOE y UPL. Terminaba así una larga batalla en la calle y en la sociedad leonesa. La Diputación, que asumió desde el principio la búsqueda de un lugar óptimo para su construcción, no tuvo un coste político excesivo pese a tantas y tantas portadas de manifestaciones, protestas y más de una carga policial. La elección indirecta de su presidente, por un sistema decimonónico basado en los antiguos partidos judiciales, hacía de la institución del Palacio de los Guzmanes el mejor gestor de aquel problemón, que lo tenían los pequeños pueblos de la provincia, pero sobre todo León y su área de influencia (San Andrés y Villaquilambre) y, en menor medida, Ponferrada. La capital leonesa vivió a finales de los años 90 del siglo pasado un auténtico calvario para deshacerse de sus residuos. Asturias, Palencia y Calzada del Coto fueron algunos destinos a cambio de cuantiosos recibos. Y hasta se empaquetó en fardos, que hoy todavía están pendientes de tratar en ubicaciones como Santa María del Páramo, Ferral del Bernesga y Trobajo del Cerecedo.

José Antonio Díez, entonces presidente de la Diputación, asumió el papel de malo de la película y no se arrugó ante las presiones de los opositores que surgían en cada pueblo. Al final, San Román de la Vega, en la Cepeda, fue el lugar elegido.También con protestas y recursos en los tribunales. Pero el CTR se construyó.
Aunque a esas alturas de la película, con el nuevo siglo XXI, daba igual dónde fuera con tal de que se construyera, la ubicación de San Román era ideal, por su situación en el centro de la provincia, a medio camino entre el Bierzo y la capital leonesa y muy cerca relativamente de localidades importantes como La Bañeza, Astorga o Valencia de Don Juan. El CTR y toda su red de recogida y almacenamiento tuvo un coste de 53,3 millones de euros, según se dijo el día de su inauguración, un 11% más de los previsto, la mayor parte con cargo a fondos europeos. La Junta, aunque tiene las competencias y también dio dinero, no apareció casi hasta el día de la inauguración, para evitar también un coste político.

UTE de dos empresas. Contrariamente a lo que ha pasado en casi toda España, el consorcio leonés no adjudicó a una empresa la gestión sino a una unión temporal formada por las dos grandes compañías del sector: FCC y Tecmed, ahora Urbaser, lo que, según el sindicato mayoritario USO, ha sido un lastre, ya que ambas empresas tienen capacidad de veto sobre cualquier decisión de funcionamiento. A favor de la decisión pesó, en cambio, que León y su alfoz eran gestionados ya por Urbaser y Ponferrada tenía la recogida contratada a FCC.
El CTR no sólo es San Román. Es también una compleja red de recogida de basura que cuenta con tres plantas de clasificación de residuos (para separar envases, cartones, plásticos…) en León, Ponferrada y el propio CTR, y seis estaciones de transferencia (es decir, plantas donde vierten a su vez el resto de pequeños municipios para después trasladar todos residuos a San Román). Éstas son Villablino, La Robla, Cistierna, Mansilla de las Mulas, Valencia de Don Juan y La Bañeza. Astorga y su zona de influencia, por su cercanía al CTR, deposita la basura en la misma planta de San Román.
Por tanto, el ‘culebrón’ de la basura en León tiene tres protagonistas: el CTR, cuyo rendimiento está en la cuerda floja; la empresa concesionaria, denominada Legio VII, que forman en una UTE Urbaser y FCC y que es blanco también de las críticas por su gestión, y el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul), del que forman la Diputación y todos los ayuntamientos de la provincia, que tiene la responsabilidad de arreglar el problema. Su consejo de administración está presidido por el diputado provincial José Antonio Velasco (PP) y en él se sientan como vicepresidentes el vicealcalde de León, Javier Chamorro (UPL), y la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo (PSOE). Todas las decisiones, hasta ahora, han sido tomadas por unanimidad, incluida la polémica subida de tasas, con la que ha estallado un escándalo de consecuencias aún por determinar.

CTR bien gestionado. El CTR no es un proyecto para ser rentable, pero sí debería ser, al menos, eficiente y en la medida de lo posible, lo más barato posible para los ayuntamientos y la Diputación, es decir, para el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Sin embargo, cinco años después de su puesta en marcha, es un lastre que han terminado pagando los leoneses. Pagar por reciclar parece inevitable y razonable y se podría considerar justo si se pretende mejorar el medio ambiente. Subidas anuales, como se han planteado, del 10%, son, de entrada, desproporcionadas y polémicas.
Tras dos manifestaciones en Ponferrada, con más de 4.000 personas en la calle convocadas por el bercianista Tarsicio Carballo, la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, exigió el pasado otoño que el PSOE, como partido mayoritario en los ayuntamientos de la provincia, asumiera la Presidencia de Gersul. Gersul dejaba de ser una balsa de aceite. Carrasco no ocultó que detrás de su decisión estaba su rechazo a ser el blanco de todas las críticas como presidenta de la institución, cuandola bola de nieve de Gersul no es consecuencia directa de su gestión, ni siquiera sólo de su partido. “No me voy a comer un marrón que es de toda la provincia y de todos los ayuntamientos”, dijo la presidenta en rueda de prensa el pasado noviembre.

Preguntas. ¿Pero cuál es la situación de Gersul a día de hoy? ¿Por qué no está bien gestionada una empresa que cuenta con la tecnología más avanzada y que debería ser un modelo? ¿Por qué se ha llegado a esta situación de descontrol en el cobro de las tasas y la gestión de la planta de San Román?
Las respuestas a todas esas preguntas tienen múltiples caras. Un extenso informe, publicado este pasado verano en el Boletín Oficial de la Provincia, daba casi todas las claves. Desde el fracaso en la recaudación de la nueva tasa a problemas a corto plazo, como que el vaso donde se apila la basura reciclada estará lleno en 2014, mucho antes de lo previsto.
El informe, firmado por el gerente de Gersul, fue presentado por el presidente del consorcio a la asamblea general y aprobado por unanimidad, posiblemente sin que nadie, o casi nadie, leyera las 22 páginas del boletín del 15 de junio de 2009, en letra pequeña para más inri, donde se detallaba la situación del CTR. El plan económico, obligatorio para poder solicitar un préstamo a los bancos, reconocía ya en el primer párrafo que era consecuencia “del incumplimiento” de los objetivos del plan de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, el informe hay que revisarlo al mismo tiempo con lupa. Por una razón. Está hecho para pedir un crédito; es decir, para convencer a los bancos, y de paso, para que los alcaldes sepan lo que se les viene encima. De su lectura se pueden sacar los datos de esa pésima gestión, pero no se puede llegar hasta el fondo de los problemas. Así, se habla de dificultades para cobrar la tasa por reciclar, pero no se dice que, en muchos casos, en lugar de utilizar los censos de los ayuntamientos, se cogió el listado del IBI. De esa forma, nadie se escaparía de pagar, pero la realidad es que han terminado pasando un recibo de 350 euros a parroquias donde se celebra una misa a la semana y donde la basura que se tira es cero en lugar de otros criterios como podría ser que el dato constatable de que cada familia genera una tonelada de basura al año.

Por el tejado. La casa del reciclaje de basura se ha empezado por el tejado. En el CTR no se alcanzan los niveles de reciclaje. Es verdad. Pero nadie dice que los leoneses, a día de hoy, apenas ayudan a separar la basura antes de que sea transportada a las plantas de almacenamiento y a San Román. No hay cultura en las casas. No hay contenedores suficientes en las calles. Y lo que es peor. Es 2010 y todavía no se ha empezado a concienciar a los ciudadanos de que hay que hacerlo.

51 euros por tonelada. La concesionaria del CTR de San Román, Legio VII, cobra 51,8 euros por cada tonelada que entra en la planta. La media anual, según dicho informe, es de 210.000 toneladas.
Gersul tiene dos problemas, a día de hoy. Mantiene una deuda histórica con Legio II y no recauda todo el dinero que debía recaudar por la tasa por su propia incapacidad. En un informe que se acompaña en el estudio, el vicetesorero de la Diputación y de Gersul reconoce quehay todavía facturas “pendientes de poner al cobro” de los años 2006, 2007 y 2008. En concreto, 1,7 millones del año 2006; más de 4 millones de 2007 y 17 millones de 2008. En total, 23.401.005 euros.

Presupuesto de Gersul. El presupuesto de Gersul para 2009 era, según este plan económico publicado a mediados del pasado mes de junio, de 12.490.400 euros, aunque con matices. Gersul y la concesionaria discrepan todavía sobre las toneladas gestionadas en el CTR durante 2008. Según las facturas que obran en poder de los técnicos del consorcio, unas 17.000 toneladas al mes, por las que tendrían que pagar 7.880.731 euros, a lo que hay que sumar casi tres millones de euros por las toneladas de basura tratadas y otro 1,7 millones por gastos y servicios.
A la espera de cerrar el ejercicio de 2008, Gersul reconocía unos ingresos en 2006 y 2007 de 5,7 millones de euros, que no hacían frente a los gastos, por lo que 2009 empezó ya con un déficit de 6,7 millones de euros,
Gersul considera que en base a sus gastos e ingresos puede endeudarse en 17,2 millones de euros, que espera amortizar en seis años, entre 2010 y 2016.

Las tasas. Para el consorcio que reúne a ayuntamientos y Diputación, el gran quebradero de cabeza es la gestión de las tasas que los leoneses debían pagar desde 2006. Un desastre hasta ahora. En el informe se reconoce que en 2007 sólo se pudo cobrar el 34% de las previsiones iniciales. Para los próximos años, Gersul pretende recaudar el 90% a partir de 2012.

Deuda. La deuda actual de Gersul con la UTE Legio VII es de 51 millones de euros, a expensas de que se alcance un acuerdo sobre las diferencias de toneladas de basura tratadas. Según ese plan económico, Gersul pagará 17 millones de esa deuda gracias a la operación de tesorería en marcha y otros 4,1 millones de lo que se recaude por los ejercicios pendientes de 2006 y 2007. Del resto, 29,5 millones, una parte importante -15,6 millones- podrían ser satisfechos si los ayuntamientos de la provincia hicieran efectiva su deuda. En este caso, el propio informe sugiere que uno de los grandes deudores, el Ayuntamiento de León, podría pagar su parte “con cargo a la futura privatización del servicio de agua”.

Deudas. Las deudas de los ayuntamientos, a fecha de publicación del informe en el BOP, eran las siguientes: El que más debía era el Ayuntamiento de León, 12,5 millones de euros; San Andrés, 2,3 millones. Ponferrada debía 91.720 euros; Villaquilambre, 355.971 euros y el resto, que no se citan expresamente, 339.234 euros.