El Procurador denuncia graves problemas de detección del autismo

Imagen de una muestra de pinturas hechas por autistas. DAVID ARRANZ

Elena F. Gordón / León
El Procurador del Común ha elaborado un informe sobre la situación del autismo en León en el que hace una llamada de atención a las instituciones para que tomen medidas encaminadas a mejorar la detección de esta enfermedad y la atención que se presta a quienes la padecen.
El estudio refleja graves problemas el desequilibrio que existe entre los casos reconocidos y diagnosticados oficialmente y los detectados y atendidos por las asociaciones de las distintas provincias. Así, el número de enfermos ‘oficiales’ no está directamente relacionado con la población sino con la existencia o no de colectivos con amplia trayectoria destinados a estos enfermos.
De esta forma, según los datos de la Federación de Autismo en Castilla y León, en la provincia leonesa, con una población de 497.387 habitantes, existen 13 casos de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) diagnosticados frente a los 29 que constan como atendidos por asociaciones. Y en Burgos, con una población de 365.972, hay un reconocimiento oficial de 50 personas. El grupo ‘Autismo Burgos’ trabaja desde la década de los 80 y ‘Autismo León’ es una entidad de reciente creación.
El desfase se produce en todas las provincias y el número de diagnósticos es mayor en aquellas en las que existe “una potente asociación de padres en la que se prestan eficaces programas de detección y diagnóstico y se desarrollan iniciativas de sensibilización y formación de los profesionales implicados”, según recoge el estudio.
Problemas concretos
El trabajo llevado a cabo por la institución autonómica que dirige Javier Amoedo Conde recoge los planteamientos de la Federación en “importantes carencias todavía no cubiertas para lograr la protección especial que precisa un grupo especialmente vulnerable”. Así, se habla del reconocimiento de la especificidad de la enfermedad, ya que en los informes oficiales se engloba a los autistas en grupos más amplios de personas con discapacidad. La falta del reconocimiento específico, explican, dificulta una planificación adecuada y realista de los servicios que precisan estas personas.
También se ‘denuncia’ que muchos autistas carecen de diagnóstico o éste se produce de forma muy tardía y las familias tienen que desplazarse fuera de su lugar de residencia para conseguirlo. Respecto a los tratamientos, se destaca el derecho del enfermo a recibir cuanto antes un tratamiento específico orientado a desarrollar al máximo sus potencialidades. La Federación, y así lo expone el Procurador del Común en su informe, explica que la educación continuada es clave para el tratamiento.
En otro ámbito, se apunta que la complejidad del trastorno, la falta de especialistas y la dificultad de practicar determinadas pruebas provocan graves problemas de acceso al sistema sanitario. Sobre los servicios sociales, se detalla que la provisión de una atención especializada marcará el posterior desarrollo de la persona.
Ante el panorama dibujado por la Federación de Autismo, la institución autonómica plantea que estar afectado por el autismo “sigue constituyendo una circunstancia de desigualdad para quienes lo padecen y les sitúa en una evidente posición de desventaja en la sociedad”.
Por eso, el Procurador suscribe una resolución remitida a las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Educación, en la que pide que se adopten las medidas oportunas dirigidas a eliminar la demora diagnóstica, promover la atención temprana en condiciones de calidad, adaptar y flexibilizar el sistema educativo, favorecer el acceso al sistema sanitario y ofrecer los recursos sociales precisos y el adecuado respiro y apoyo a las familias.
También solicita Amoedo que se articulen las iniciativas necesarias para conseguir la participación activa de los enfermos a través del empleo, la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio y se den los apoyos y servicios apropiados durante la edad adulta.