Hace dos meses publicaba en esta misma sección un artículo titulado ‘Ayuntamientos camino de la quiebra’, advirtiendo de la situación en la que se encontraban algunos de la provincia y del peligro de que entrasen en esa situación muchos más el próximo año, tanto grandes como pequeños. Esta semana ha sido el presidente regional de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, el que ha puesto la realidad sobre la mesa en toda su crudeza.
Afirma Nieto que en 2010 muchos ayuntamientos de la región entrarán en quiebra técnica, que se produce cuando su deuda se encuentra por encima del 35%. Califica la situación de “extrema, agobiante y angustiosa” y advierte de que las consecuencias serán “la presentación de expedientes de regulación de empleo para el personal y la supresión de servicios”.
El presidente de la FRMP , alcalde de Ávila por el PP, carga todas las tintas de la actual situación sobre el Gobierno, exigiendo una ley de financiación local y cambios radicales en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, en el que se recoge que el Gobierno podrá cortar las transferencia a los ayuntamientos si éstos no presentan sus liquidaciones a la Administración.
El problema de la financiación municipal es muy complejo y su solución se lleva aplazando desde hace años por todos los gobiernos, porque tanto el PSOE como el PP han apostado en este tiempo por el desarrollo de las competencias autonómicas, a la vez que apuntalaban a las diputaciones, instituciones intermedias que ni siquiera participan de la elección directa, y aplazaban la dotación y financiación de los ayuntamientos como ejes de la política descentralizadora que todos dicen defender.
Los ayuntamientos, mientras tanto, se convirtieron en el principal motor democrático en España y han servido de trampolín a esferas regionales y nacionales a la mayoría de los políticos. Constreñidos por la Dictadura, se convirtieron en la punta de lanza de la verdadera democratización del país. Se lanzaron a prestar políticas sociales y de participación ciudadana para las que carecían de financiación y de las que teóricamente se ocupaban otras administraciones.
Tras una primera situación de caos, en la que el Estado tuvo que socorrer a las grandes ciudades asumiendo sus deudas, los ayuntamientos descubrieron el urbanismo como principal fuente de financiación y, de los primeros planes restrictivos y dirigistas, se pasó al urbanismo concertado y, finalmente, al urbanismo libre, en el que se consideraba urbanizable todo el suelo municipal a excepción del que se declararse especialmente protegido. Los Ayuntamientos de esta forma se convirtieron en los primeros especuladores de suelo público y también del privado cuyo precio se disparó. La loca carrera del precio del suelo está en el origen de la burbuja inmobiliaria que estalló a finales de 2007 y arrastró a toda la economía española. Su estallido dejó a los ayuntamientos sin su principal fuente de ingresos. Por otra parte, el control del urbanismo dio un enorme poder a las corporaciones locales, provocando que se multiplicaran los casos de transfuguismo y pactos debido a la negativa de los grandes partidos a cambiar el sistema electoral para conseguir alcaldías estables. La consecuencia lógica de la fiebre especulativa del suelo y la facilidad del transfuguismo, propició el aumento de la corrupción que hoy salpica en mayor o menor grado a la mayoría de los ayuntamientos.
Por otra parte, ante la mayor complejidad de los servicios públicos como el transporte, el agua, la basura, la recaudación o los jardines, y el hecho de que su gestión recayese en los concejales, propició una privatización casi total de todos los servicios básicos e irrenunciables, lo que aumentó la partida de bienes corrientes, pero no rebajó las plantillas de trabajadores, que continuaron aumentando en los nuevos servicio, que en cada elección los candidatos se inventaban para estar más cerca del ciudadano y cosechar más votos.
Así se llega a la situación actual, con las plantillas sobredimensionadas, que consumen más del 50% del presupuesto total y servicios privatizados que consumen el resto dejando la partida de inversiones reales dependiente de la caridad o la influencia política con administraciones superiores, o del aumento de la deuda, que ha colocado en la situación de quiebra técnica que denuncia la FRMP a la mayoría de los ayuntamientos de León. La solución pasa por la financiación local, que implica recorte de competencias y de dinero a Gobierno, Junta y diputaciones para dárselo a los ayuntamientos pero, sobre todo, por un recorte drástico de personal y de servicios por parte de los ayuntamientos que llevan cavando su propia tumba financiera desde hace muchos años, con políticos irresponsables que pensaban que el dinero y el crédito público nunca podían faltar.
El descontrolado crecimiento de las áreas metropolitanas agrava el problema en los grandes municipios, que parecen incapaces de unirse o de pactar servicios comunes. Por otra parte, los pequeños se han hundido por la despoblación y hoy ya son incapaces de atender a los servicios mínimos por falta de vecinos e ingresos, lo que hace imprescindible las fusiones o la cesión de la gestión a otras administraciones superiores.
