Los establecimientos de menos de 2.500 metros no necesitarán licencia
Un comercio leonés en la calle Conde Rebolledo cerrado por liquidación de negocio. M. MARCOS
J.J. Porras / León
La nueva Ley de Comercio regional que adapta la normativa sobre la normativa liberalizadora de licencias comerciales que recoge la Directiva de Servicios de la Unión Europea supone un nuevo varapalo para el pequeño comercio, ya sumido en una profunda crisis por la desaceleración económica y la caída del consumo.
La Ley de Comercio, aprobada en julio por el Gobierno y que transpone la normativa europea, deja en manos de las comunidades autónomas su aplicación sin ningún límite estatal. En el caso de Castilla y León, donde esta vigente el Plan de Equipamientos Comerciales que limita los metros cuadrados que pueden aprobarse para la instalación de las grandes superficies –agotados prácticamente en León–, supondrá la desaparición definitiva de las trabas que a día de hoy hipotecaban la aprobación de nuevos proyectos.
Un buen ejemplo de esto es queesta misma semana los grupos parlamentarios regionales del PP y PSOE han acordado que las superficies con menos de 2.500 metros cuadrados y las ampliaciones en un 25% de los centros comerciales con actividad quedarán eximidos de la obligación de solicitar una autorización comercial.
Asimismo, el Gobierno regional sólo podrá bloquear la instalación de grandes superficies por el impacto en el medio ambiente, en el entorno urbano o en el patrimonio histórico. Y si la deniegan tendrán que justificarlo debidamente si no quieren ser sancionados por la UE.
Esto supondrá dar vía libre a la instalación de los centros comerciales, que en León estaba vetada con la actual normativa al haber prácticamente agotado los límites establecidos y que también evitaba, por el mismo motivo, la instalación de Ikea en la localidad vallisoletana de Arroyo-La Flecha.
Para el responsable del área de comercio de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Alfredo Martínez, la normativa comercial de licencias que entrará en vigor el 1 de enero de 2010 “va en detrimento, como siempre, del pequeño comercio que nuevamente se tiene que plantear como subsistir, inventando nuevas fórmulas y especializándose. No nos queda otra”.
Martínez destaca la importancia del sector en la provincia, donde a pesar de los cierres todavía existen 10.500 establecimientos de este tipo que ofrecen empleo a cerca de 30.000 personas.
El conocido empresario reconoció que los apoyos institucionales y de las administraciones al sector se quedan en “nada cada vez que se aprueba una nueva normativa o se habla de horarios comerciales, que al final siempre beneficiana los mismos, a los más grandes”.
En este sentido, apuntó que con la normativa prácticamente desaparecen las trabas existentes hasta la fecha para la apertura de nuevos centros comerciales en la provincia, que con la actual ley sí se encontraba muy limitada.
Martínez reconoció su preocupación por la aplicación de la ley ya que “supondrá nuevos cierres en el sector, que se suman a los que estamos sufriendo a consecuencia de la crisis”. Así, mostró su pesimismo ya que “llegará un momento en que el comercio tradicional desaparezca, dejando ciudades fantasmas, sin escaparates y sin vida comercial como ya está pasando en alguna ciudad española”.
Una visión que no difiere mucho de la que ofrece La Confederación Regional de Comercio (Conferco), que ha mostrado su rechazo absoluto al acuerdo regional de los dos partidos mayoritarios.
Conferco considera que este acuerdo es lesivo para el sector del comercio tradicional en la comunidad y que en el plazo no superior a cinco años puede suponer el cierre del 50% de los establecimientos incluidos en el sector.