PP y PSOE piden un marco normativo para la ingeniería informática

Carlos Fernández Carriedo con la dirección del Colegio de Ingenieros. ICAL

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Ical / Valladolid
Los grupos popular y socialista votarán mañana, en la segunda jornada del pleno de las Cortes, a favor de que exista un marco normativo de los estudios superiores de ingeniería, carrera en la que hay 2.000 alumnos matriculados en las quince titulaciones que se ofrecen en Castilla y León, de las que salen 400 nuevos titulados al año.
Una representación de directivos del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos se reunió con los grupos Popular y Socialista, ya que el primero ha presentado una proposición no de ley que se debatirá y aprobará en las Cortes, en la que se solicita, también, la regulación por ley de las atribuciones profesionales de estos titulados universitarios y la creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática.
Esta iniciativa contará con el respaldo del Grupo Socialista, según anunció la portavoz, Ana Redondo, que se mostró a favor de que el “vacío legal” existente en este momento y el reconocimiento de la titulación se realice a través de una ley nacional. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, alegó que es fundamental que el capital que representan estos profesionales para la Comunidad no se pierda por su salida a buscar empleo a otros lugares y destacó la apuesta de la Junta por las nuevas tecnologías de la comunicación.
Fernández Carriedo reseñó, en particular, la incidencia de las nuevas tecnologías para el desarrollo del mundo rural y recordó que la central de cita previa de Sacyl se encuentra en una localidad de Zamora, algo que, a su juicio, era “impensable hace unos años” y que hoy es posible gracias a la informática.
El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos, Pablo Santos, aseguró que la propuesta del Grupo Popular recoge todas sus reivindicaciones y subrayó que la ingeniería informática lleva treinta años implantada en España, pero añadió que forma parte del presente y del futuro. Por ello, incidió en la necesidad de que esta rama se regule como el resto de las ingenierías.
Por su parte, la portavoz socialista subrayó que el marco legal es nacional, pero añadió que las Cortes de Castilla y León pueden ayudar en la regulación, que se ha retrasado, según explicó, porque la legislación estatal está condicionada por la Directiva Europea de Servicios. Redondo expresó el acuerdo con los tres elementos que se recogen en la propuesta del PP y añadió que se trata de llegar a un “acuerdo de mínimos” y de hacerse eco de una preocupación.