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TRAMA DE CORRUPCIÓN / La implicación del empresario leonés

Investigan a Ulibarri por el presunto soborno de 3 millones en Boadilla

El constructor leonés habría pagado el dinero a Correa en su despacho de Valladolid

El empresario leonés José Luis Ulibarri. L.C.

L.C. León
El juez Baltasar Garzón está investigando al empresario leonés José Luis Ulibarri por el presunto pago de tres millones de euros de comisión para la adjudicación a la empresa UFC de la promoción Boadilla Park el 28 de octubre del año 2006, según publica el diario El País en su edición de ayer.
Esa información sobre la trama de corrupción, que está siendo investigada por el juez y que dirigía Francisco Correa, dice que en los datos del sumario se incluye como acusación que “UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte”. Este municipio madrileño está gobernado por el Partido Popular con mayoría. Dentro del mismo sumario se incluyen los motivos que llevaron a la concesión a UFC de la promoción y dice textualmente que “se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales] a los responsables de adjudicar el concurso y a los intermediarios en favor de Ulibarri”.
Según las información de El País, que cita a testimonios obrantes en el sumario, el constructor leonés, dueño de UFC, pagó esa cantidad en metálico en su propio despacho de Valladolid. La demanda dice que lo llevó el chófer de Correa, que fue detenido el pasado lunes por la Policía, que también realizó nuevos registros.
La oferta ganadora de UFC en ese concurso de adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla era de 35 millones de euros, tres menos que la de la empresa que perdió ese concurso municipal. A cambio de quedarse con ese suelo por menos dinero, UFC ofreció concluir la construcción de 139 viviendas libres de ‘alto standing’ en el municipio en doce meses, un plazo que según recoge en su información este periódico de fuente municipales no cumplió pese a que ese plazo fue uno de los presuntos motivos de la adjudicación.
Este nuevo capítulo de la trama de corrupción, en su parte madrileña, incluye la información sobre la sospecha, no verificada pero incluida en el sumario, de que la anterior obra incluyó dos pagos de 500.000 euros cada una a una firma de uno de los implicados, Jacobo Gordón, ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.
El juez Garzón, según informaciones aparecidas en El País, tendría testimonios sobre un vídeo en el que otro de los implicados, González Panero, ex alcalde de Boadilla, cuenta el dinero de una presunta comisión rodeado de diversos cargos del partido.

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